28/8/13

LA MEMORIA DE LOS PECES II



Por Tatiana Coll
...Podría asegurar que 90 por ciento de los congresistas ni siquiera han leído con un mínimo de detenimiento las leyes que votan tumultuariamente, irracionalmente, a gritos y sin presentar ningún argumento válido para arrancar a los maestros la estabilidad laboral. Si se aplicara una evaluación, incluso estandarizada, a los diputados sobre el contenido de las leyes que votan, los resultados serían patéticos; están acostumbrados a actuar bajo consigna y en la impunidad. El corazón de la reforma es efectivamente la Ley del Servicio Profesional Docente, que asienta textualmente que en los casos de quien no se incorpore a los programas de regularización o no alcance un resultado suficiente en la tercera evaluación, se darán por terminados los efectos del nombramiento correspondiente sin responsabilidad para la autoridad educativa. Los profesores han dicho una y mil veces que NO se oponen a ser evaluados siempre y cuando la evaluación esté contextualizada en las condiciones socioeconómicas y culturales donde ellos laboran; la práctica docente NO se evalúa con un exámen estandarizado calificado por un computadora.

  Esto determina prácticamente un estado de excepción sobre las condiciones generales de trabajo de uno de los profesionales que históricamente han aportado más a la fundación de un país justo y digno. No hay para ningún otro profesionista una ley específica que reglamente de manera excluyente y excepcional sobre los derechos laborales. Ni a los médicos, ni a los ingenieros, ni a ningún especialista contratado con una plaza de base se les somete a esta nueva reglamentación. No se concibe nada semejante para esa enorme cauda de funcionarios que andan brincando de puesto en puesto sin siquiera tener el perfil adecuado; tampoco a los representantes de la nación que nunca, ni siquiera, rinden cuentas a sus electores. 

No se han realizado evaluaciones a los expertos que construyen esa cantidad de exámenes estandarizados, plagados de errores reiteradamente señalados, igual que los libros de texto, que pululan por el Conacyt, Ceneval, Comipens, INEE y otros organismos autónomos. La mentira más grave y cínica de todas las que a diario nos remachacan en los medios, la que el propio presidente Peña Nieto ha dicho, y que repiten todos, es la de que no serán afectados los derechos laborales del magisterio. Demagogia y cinismo han caracterizado siempre al discurso priísta, en el cual es todo un experto el señor de los chinchones, actual secretario de Educación; sin embargo, la ira que traspasó la mirada y palabras de Ciro Gómez Leyva y otros, como el diputado Alberto Villarreal, del PAN, demuestra que el objetivo real es deshacerse ya de ese magisterio democrático molesto. Es el mismo odio de clase que llevó al obispo de Ecatepec a decir a Fox que no importaba si tenía que acabar con unos 300 atenquenses, pero que no reculara en la decisión. 

LA MEMORIA DE LOS PECES

Editorial de La Jornada

La disidencia magisterial organizada en la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) realizó ayer en esta capital nuevas movilizaciones callejeras; la más notoria, en Periférico sur, a la altura de la sede de Tv Azteca. En otro contexto, en diversos puntos de Guerrero grupos de lugareños exigieron, en manifestaciones públicas, la liberación de los guardias comunitarios detenidos en días pasados, especialmente la de la dirigente de la Coordinadora Regional de Autoridades Comunitarias (CRAC) de Olinalá, Nestora Salgado García. Las marchas y los consiguientes desórdenes viales generan crispación en algunos sectores de la sociedad que tienden a ver a los manifestantes como una amenaza directa a la normalidad cotidiana. Tales percepciones son alimentadas desde diversos medios informativos, los cuales machacan a sus audiencias con el mensaje de que resulta intolerable la impunidad de quienes expresan malestares políticos, sociales y económicos por medio de marchas. Tales mensajes resultan paradójicos, por decir lo menos, en un entorno en el que la verdadera impunidad beneficia a los asesinos de decenas de miles de personas –sea cual sea el número preciso de las muertes ocurridas en el contexto de la estrategia de seguridad implantada por Felipe Calderón y que, en lo que va de la presente administración, no ha variado en forma significativa–, a quienes saquean las arcas nacionales mediante comisiones ilegales y a quienes, desde el poder político o empresarial, tuercen cotidianamente, en su provecho, la letra y el espíritu de las leyes.


 En tal contexto debe comprenderse que lo que empuja a los manifestantes a salir a las calles y carreteras del país no es un afán por perjudicar a sus conciudadanos, sino la imposibilidad de lograr, en el cauce de las instituciones, justicia, seguridad, representación o satisfacción de otras demandas legítimas; es decir, lo que se manifiesta en marchas, plantones, bloqueos y otras movilizaciones es el alarmante colapso institucional en curso en el país en casi todos los ámbitos. 

 Durante las tres décadas transcurridas desde la implantación del modelo neoliberal en México, el Estado ha pasado de ser desactivador de conflictos a generador de descontentos, pues desde sus más altas instituciones se impulsa una política económica que desemboca en el desempleo, la falta de educación, el deterioro generalizado del nivel y la calidad de vida de las mayorías y, a la postre, en la desintegración del tejido social, la informalidad, la delincuencia organizada y la violencia. Personas, familias y poblaciones golpeadas en ese lapso por las estrategias de saqueo y depredación impuestas y coordinadas desde el gobierno federal han sucumbido en silencio a la ofensiva antipopular y antinacional, por lo cual han buscado reductos de supervivencia al margen de la legalidad o en contra de ella; los sectores más articulados y cívicos, en cambio, han recurrido a la organización horizontal, a la participación política y a la movilización social en sus intentos por detener la devastación en curso. Resulta lamentable y contraproducente que ahora se busque incitar el repudio social hacia tales formas de lucha y resistencia, sobre todo cuando quienes llaman a condenar y reprimir a los manifestantes son los mismos responsables de las decisiones oficiales que han provocado los descontentos. Cabe pedir a los manifestantes de todas las causas que ejerzan sus derechos constitucionales con civilidad y respeto al resto de la ciudadanía; ésta, por su parte, debe cobrar plena conciencia de un hecho simple: las movilizaciones populares callejeras son el síntoma, no la enfermedad. Y el recurso a la represión o el linchamiento moral de los que se manifiestan –la mayoría de las veces, haciendo uso de un derecho constitucional–, lejos de remediar el mal, lo agravaría y extendería.